La vivienda, la vestimenta y la alimentación estaban incluidas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero incomprensiblemente no el derecho al agua potable, un elemento básico que la vida humana no puede prescindir en un periodo máximo de 72 horas.
La muerte por contaminación o falta de agua es una de las primeras causas de mortalidad infantil. Y si en países en países industrializados como España es la razón de pugnas políticas entre comunidades vecinas, entre los más pobres es la causa de guerras y conflictos porque las cuencas hidrográficas no respetan las fronteras.
El pasado 28 de julio pudo repararse semejante injusticia histórica: declarar derecho humano el acceso al agua y al saneamiento constituye un paso crucial de la Asamblea General de la ONU para hacer disponible ese vital elemento a toda la población mundial.
La resolución, presentada por Bolivia, fue aprobada por 122 estados miembros, con 41 abstenciones y ningún voto en contra. En los debates no se produjo una clara división entre las naciones del Norte y del Sur, como en otras ocasiones.
Eso sí, un grupo de países industrializados volvió a mostrar su escasa sensibilidad por uno de los problemas más graves de la humanidad al abstenerse, entre ellos Estados Unidos, Australia, Austria, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Irlanda, Israel, Japón, Luxemburgo y Suecia. Y varias naciones en desarrollo, mayoritariamente de África, también prefirieron no manifestarse: Botswana, Etiopía, Guyana, Kenia, Lesotho, Trinidad y Tobago y Zambia.
Esto quiere decir que los derechos a educación y al trabajo, incluidos en la Declaración Universal de 1948, han evolucionado con el tiempo gracias a la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, es un crucial primer paso en los esfuerzos para proveer agua y saneamiento a todos, reza la declaración, firmada por la presidenta de la junta del grupo, Maude Barlow, y su directora ejecutiva, Wenonah Hauter. Barlow y Hauter calificaron la votación de “asombrosa y sorpresiva victoria para la justicia por el agua”.
El derecho al agua potable no es vinculante en el marco del derecho internacional. Su cumplimiento no es exigible por ley ni siquiera para los signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por los 192 países miembros de manera automática cuando ingresan a la ONU.
Sin embargo, declarar el derecho al agua potable un derecho humano tiene un alto valor simbólico e influye en la política de la ONU y de varios países en donde el agua es tratada como una mercancía más.
Datos según la ONU:
- 3.000 millones de personas no tienen acceso a agua corriente en un kilómetro a la redonda de su hogar.
- Más de 2.600 millones de personas carecen de instalaciones sanitarias adecuadas, como retretes.
- 1,5 millones de niños mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con la falta de salubridad.
- Cada año, más de 3,5 millones de personas mueren por enfermedades transmitidas por agua contaminada.
- La diarrea es la segunda causa más importante de muertes de niños por debajo de los cinco años.
- Cada tres segundos y medio muere un niño porque no tiene agua limpia
- Para el año 2015, el 47 por ciento de la población mundial vivirá en zonas áridas y para 2030 unas 700 millones de personas podrían dejar sus lugares de origen por la escasez de agua y falta de saneamiento básico.
- El acceso al agua causará más guerras y conflictos entre naciones, teniendo en cuenta que las cuencas hídricas no respetan las fronteras.
- 900 millones de personas no tienen acceso al agua potable, mientras que 125 millones de niños menores de cinco años viven en hogares que carecen del servicio.